Composición de textos: las grandes reformas de la Segunda República (ABAU 2019)

Los siguientes textos deben permitirte hacer una redacción sobre las grandes reformas de la Segunda República. Teniendo en cuenta los documentos y su contexto, debes atender cuando menos a las motivaciones y el contexto del programa reformista, las principales medidas adoptadas y sus resultados.

Doc. 1. Santiago Carrillo rememora la figura de Manuel Azaña y su papel en la Segunda República:

Manuel Azaña era el líder republicano menos conocido por las masas el 14 de abril cuando el Comité Revolucionario se hizo cargo del Gobierno, pero era también el que tenía un conocimiento más exacto de los grandes problemas nacionales del momento. Entre estos se encontraban la gran propiedad latifundista, el control de la Iglesia católica sobre la política y la cultura […] y la existencia de un Ejército colonialista […]. […] Como digo, seguramente Azaña tenía conciencia de estos problemas como nadie, pero carecía de suficiente fuerza propia, de un partido fuerte que le apoyase, del sostén de una burguesía emprendedora —inexistente— y, como han reconocido muchos, del carácter y el coraje que exigía la empresa […].

Doc. 2. Beneficios de la reforma agraria, según el ingeniero agrario Pascual Carrión, integrante de la Comisión Técnica encargada de elaborar el anteproyecto de Ley de Reforma Agraria:

[…] El costo de la reforma, ya lo hemos apreciado, es de unos 500 millones de pesetas anuales durante un decenio, pero estas cantidades le serán devueltas al Estado por los mismos cultivadores, y respecto a las mejoras sociales, caminos, poblados, obras de riego, etc., también serán amortizadas con el aumento de contribuciones e impuestos.

[…] En cuanto a los beneficios sociales, no hay que ponderar lo que supone que tengan ocupación todos los obreros agrícolas de esas provincias y puedan llevar una vida modesta, pero que cubra sus necesidades y les permita ser verdaderamente libres […].

Doc. 3. La reforma educativa. Decreto de 24 de junio de 1931:

El Gobierno provisional de la República sitúa en el primer plano de sus preocupaciones los problemas que hacen referencia a la educación del pueblo. La República aspira a transformar fundamentalmente la realidad española hasta lograr que España sea una auténtica democracia. Y España no será una auténtica democracia mientras la inmensa mayoría de sus hijos, por falta de escuelas, se vean condenados a perpetua ignorancia.

[…] Fundado en estas razones, y a propuesta del Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, el Gobierno provisional de la República decreta:

Artículo 1.º Se autoriza al Ministerio de Instrucción pública para crear, a partir del 1º de Julio, 7.000 plazas de Maestros y Maestras con destino a las Escuelas nacionales […].

Los documentos objeto de comentario se corresponden, respectivamente, con un texto histórico-literario del líder del Partido Comunista de España (PCE) durante la Transición, Santiago Carrillo, sobre la figura de Manuel Azaña y su papel en la Segunda República; un texto histórico-circunstancial del ingeniero agrario e integrante de la Comisión Técnica encargada del anteproyecto de la Ley de Reforma Agraria, Pascual Carrión, sobre los beneficios de ésta, y un Decreto del Gobierno provisional sobre la reforma educativa. Los dos primeros documentos son de carácter personal y están destinados al público, aunque el primero, a diferencia del segundo (contemporáneo) fue realizado con posterioridad a los hechos que narra. El tercer documento es de carácter oficial, está destinado al público y data de 1931. En conjunto, los tres documentos refieren directa o indirectamente las grandes reformas llevadas a cabo durante la Segunda República en España.

    Cuando el Comité Revolucionario, formado por Niceto Alcalá-Zamora, Manuel Azaña, Santiago Casares Quiroga, Álvaro de Albornoz, Fernando de los Ríos, Francisco Largo Caballero y Alejandro Lerroux, se constituyó en Gobierno provisional, tras la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931, como resultado del triunfo electoral de republicanos y socialistas en unas elecciones municipales que se habían convertido en un plebiscito sobre la monarquía de Alfonso XIII (1902-1931), las Cortes Constituyentes aprobaron la Constitución de 1931, Alcalá-Zamora fue elegido Presidente de la República y Azaña asumió como Jefe de Gobierno a lo largo de un bienio reformista (1931-1933) marcado por los problemas que menciona el primer documento, esto es, “la gran propiedad latifundista, el control de la Iglesia católica sobre la política y la cultura (…) y la existencia de un Ejército colonialista”.

En cuanto a la “gran propiedad latifundista”, el Ministro de Trabajo, Largo Caballero, inició una reforma con el objetivo de reducir el paro entre los jornaleros, aumentar el salario de estos últimos para ayudar a la modernización económica del país y lograr apoyos entre los campesinos. Así, el Gobierno aprobó una serie de decretos (términos municipales, desahucios, jurados mixtos, laboreo forzoso, etc.) que, en líneas generales, trataban de proteger a los jornaleros contra las arbitrariedades de los patronos, regular las condiciones laborales en el campo, obligar a los patronos a cultivar las tierras aptas e implantar la jornada laboral de ocho horas. Asimismo, la aprobación de la Ley de Bases (1932) permitió al Instituto de Reforma Agraria (IRA) expropiar tierras incultas o deficientemente cultivadas a los grandes terratenientes y entregarlas a los campesinos, de ahí que la valoración del autor del segundo documento sea positiva, ya que, en su opinión, “no hay que ponderar lo que supone que tengan ocupación todos los obreros agrícolas de esas provincias y puedan llevar una vida modesta, pero que cubra sus necesidades y les permita ser verdaderamente libres”. A pesar de dicha estimación, la diversidad de opiniones entre la izquierda republicana, los socialistas y los anarquistas; la decepción de los campesinos ante la lentitud de las reformas; la hostilidad de los terratenientes, así como la falta de capital para financiar la empresa (hecho este último que señala Carrillo en el primer documento al hablar de la inexistencia de una burguesía emprendedora), harían fracasar finalmente la reforma agraria, la cual recibiría el golpe de gracia con la contrarreforma del próximo Gobierno conservador.

En cuanto al “control de la Iglesia católica sobre la política y la cultura”, el tercer documento representa uno de los intentos de la Segunda República por romper el monopolio que la Iglesia ejercía sobre la educación desde la entrada en vigor del Concordato de 1851. Con la promulgación de la Constitución de 1931, se habían reconocido y ampliado numerosos derechos y libertades, entre ellos el derecho a la educación; se habían establecido la aconfensionalidad del Estado y las libertades de conciencia y de culto y, asimismo, se había prohibido el ejercicio de la enseñanza a las órdenes religiosas (reflejado posteriormente en la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 1933). En consecuencia, el Gobierno provisional y el Gobierno Azaña, con el objetivo de “transformar fundamentalmente la realidad española hasta lograr que España sea una auténtica democracia”, aumentó el presupuesto en educación en un 50%; creó una escuela gratuita, laica, mixta y obligatoria con la que redujo la tasa de analfabetismo, y, asimismo, puso en marcha las Misiones Pedagógicas para llevar la cultura a las zonas rurales. A estas medidas se sumaron, en relación con la Iglesia, la aprobación de la Ley de Divorcio (1932), la disolución de la Compañía de Jesús y la nacionalización de la mayoría de sus bienes, lo que provocaría el rechazo de los sectores más conservadores de la sociedad española.

En cuanto a “la existencia de un Ejército colonialista”, el Jefe de Gobierno y Ministro de la Guerra, Azaña, inició una reforma con el objetivo de acabar con el intervencionismo del Ejército en la vida política, modernizar el cuerpo y reducir el exceso de generales y oficiales. Así, el Gobierno Azaña aprobó una serie de decretos que, en líneas generales, anulaban los ascensos por méritos de guerra conseguidos durante la dictadura; cerraban la Academia Militar de Zaragoza, dirigida por el General Franco; suprimían (sin efecto) la Ley de Jurisdicciones (1906); obligaban a jurar fidelidad a la República, y ofrecían la posibilidad de retirarse con la totalidad del sueldo. Al margen de la valoración que Carrillo hace de la gestión de Azaña en el primer documento, la actuación de este último en el Ministerio de la Guerra traería como consecuencia inmediata el intento de golpe de Estado dirigido por el Teniente General Sanjurjo en agosto de 1932 y, a largo plazo, la conspiración militar que conduciría al levantamiento del 17 de julio de 1936.

En conclusión, las grandes reformas de la Segunda República fueron un ambicioso intento por modernizar las estructuras económicas, sociales y culturales del país, las cuales arrastraban graves problemas que se remontaban a la construcción del Estado liberal en el siglo XIX. No obstante, los obstáculos que encontraron tanto el Gobierno provisional como el Gobierno Azaña entre los sectores conservadores, representados por los terratenientes, la Iglesia y el Ejército, conducirían al fracaso de las reformas en cuanto el nuevo gobierno conservador (1933-1936), presidido por Lerroux con el apoyo de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) de José María Gil Robles, iniciara el desmantelamiento de la obra realizada hasta entonces.

BIBLIOGRAFÍA

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